La industria ha tenido una disminución progresiva en su crecimiento de cosecha en los últimos cinco años, llegando al peak en 2021, cuando hubo una caída de la producción en un 6,22% debido a la pandemia. ¿Qué relación ha tenido este estancamiento con la normativa actual de la industria?
La actividad salmonera es regulada hoy por la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), la cual establece el marco normativo en temas como la importación de recursos hidrobiológicos, acceso a áreas para la acuicultura, concesiones, condiciones ambientales y sanitarias para su ejercicio, reglas para realizar acuicultura con fines científicos u ornamentales, infracciones y sistema sancionatorio.
Ésta fue construida en pleno brote del virus ISA, e implementada a partir del año 2009, realizando una serie de cambios en el modelo productivo de la industria con el fin de hacerla más sustentable. “Se elaboró en ‘tiempos de guerra’ por lo tanto responde a un problema específico, en que se evidenció que el autocontrol no funcionó y se requirió que el Estado interviniera, especialmente en el control de las enfermedades como una política pública”, explica en entrevista con Revista AQUA la actual vicepresidente de la Comisión de Estándares de Animales Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y Asesora Técnica del Centro Colaborador de la OMSA en Gestión de Uso de Antimicrobianos en la Acuicultura de la Facultad de Veterinaria de la U. de Chile, y ex subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo.
La experta explica que la modificación de la Ley de Pesca en acuicultura promovió además, la creación de la Subdirección de Acuicultura en Sernapesca, la que junto con el aumento presupuestario del año 2010, permitió formar un equipo de inspectores sanitarios de alto nivel y la creación de programas de vigilancia y control de enfermedades como el ISA, Caligus y SRS.
“Con el esfuerzo de todos, hicimos ‘camino al andar’, sin experiencia en manejo de enfermedades en animales acuáticos en América Latina. La normativa que establece el Programa de Vigilancia y Control de ISA es considerada en la actualidad como exitosa en el ámbito de la gestión sanitaria en acuicultura, siendo además reflejada en los estándares internacionales”, complementa.
Luego se incorporaron de modificaciones, tanto por el ejecutivo, como por el congreso en respuesta de eventos como escapes de peces, mortalidades masivas y FANs, entre otros. Además, en 2015 se logró por única vez un financiamiento a través de una alianza público privada para investigación de bien público, con elementos que tanto el Estado y la industria requerían profundizar en el conocimiento para la prevención y control de enfermedades, a través del Programa de Gestión Sanitaria de la Acuicultura (PGSA). Este ha sido un modelo a seguir por otros países.
Los puntos altos
Esta legislación ha permitido avanzar en una gran cantidad de materias, y los gremios salmoneros están de acuerdo en que ha sido positiva en muchos aspectos para la industria. En conversación con Revista AQUA, el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, explica que “un aspecto relevante en esta materia, es la regulación que se logró post crisis del Virus ISA en materia sanitaria. En Chile hemos logrado controlar esta enfermedad de manera bastante ejemplar y hemos logrado establecer sistemas que nos han permitido un control muy exhaustivo, a través de mecanismos muy similares al control del Covid-19 en humanos”.
Agrega que “por otra parte, posteriormente se han implementado mecanismos de control de otras problemáticas como el cáligus y se incorporaron regulaciones para la protección ambiental que han sido eficaces, tal como el PRS (porcentaje de reducción de siembra), que ha evitado los peak de producción y ha puesto en el centro de la regulación productiva lo ambiental, a través de los Informes Ambientales de la Acuicultura (INFAs), que preventivamente dan cuenta de posibles impactos en el fondo marino de manera que si resulta negativa simplemente no se puede producir”.
En esto coincide la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, quien relata que “la legislación actual es producto de fuertes procesos de ajustes y aprendizajes, tanto del sector público, como del sector privado, y que han significado la incorporación de nuevas regulaciones, nuevas normas, nuevas facultades a los órganos reguladores y fiscalizadores, así como nuevas obligaciones y responsabilidades para las empresas productoras, que van desde el bienestar animal, las concesiones, la seguridad, el medio ambiente, la producción, la inocuidad, por citar sólo algunos ejemplos”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, agrega que “si bien tenemos una regulación compleja y organismos públicos a los que les cuesta coordinarse, nuestra institucionalidad sectorial y ambiental es sólida. Posee una fuerte capacidad de fiscalización, con altos niveles de transparencia y procedimientos de sanciones bien estandarizados. Esto, a la luz de una sociedad que lo demanda, es un gran activo para el país”.
